Teoria general del proceso

El proceso

El Proceso como una institución integrante del derecho procesal puede definirse como un conjunto de actos desarrollados en forma sistemática y progresiva por los sujetos procesales e interesados, para la solución del caso planteado mediante la aplicación de normas jurídicas o mediante la equidad. (Introducción al Derecho Procesal Civil I, Amadis Cañizales Patiño, 2003). Cuando se dice que la serie de actos suceden en forma sistemática y progresiva, viene a significar que ese conjunto de actos jurídicos no deben existir todos a la vez, sino que son cual peldaños de una escalera, uno primero y otro después. Por ejemplo; a la hora de iniciar un proceso en cuestión no se presenta la demanda, la contestación y la evacuación de pruebas a la vez, sino que uno va primero y luego va el otro, en un orden lógico.

Dentro de este proceso pueden percibirse una variedad de principios que están relacionados con las conductas que deben observar los sujetos procesales (juez y las partes) en la tramitación del proceso y que tienen por objeto esclarecer una situación para así resolver a través de la decisión de un juzgador la petición, sometida a su conocimiento. Los principios pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes actuaciones que integran el procedimiento. Existen muchos principios y su adopción obedece al momento histórico y al sistema político nuestro país, los principios se refieren a determinados procedimientos cuando su ámbito de actuación es mayor y constituye el medio rector del proceso.

Generalizando, los principios pueden concebirse como criterios que regulan las diferentes actuaciones que integran el procedimiento. A continuación resaltaremos los principios que para la doctrina consultada son los más relevantes, sin dejar de reconocer que además existen otros, tomando en consideración la opinión subjetiva en la que fueron analizados.

Los principios imperantes en el proceso son:

1.    Principio de bilateralidad

Está presente en los procesos contencioso debido a que siempre existen dos partes: demandante y demandada, cuyos intereses están en conflicto, independientemente que en cada uno de ellos exista una o más personas, lo que configura el litisconsorcio (Existe litisconsorcio cuando en un litigio aparecen varios sujetos en una o ambas partes, wikipedia). Este principio, también conlleva el principio contradictorio por el hecho mismo de haber oposición de intereses.

2.    Principio de escritura y oralidad

En el primero priva generalmente la forma escrita, es decir, los actos procesales, como la demanda, su providenciación, la contestación, la promoción y evacuación de pruebas, los informes y demás alegatos y obviamente la sentencia, se hacen en forma escrita. En nuestra legislación en la mayoría de los procesos rige el principio de la escritura, por disposición del artículo 25 del Código de Procedimiento Civil.

En cambio, en el principio de la oralidad priva la forma oral sobre la escrita, generalmente los actos del proceso se realizan de forma oral aunque se  deje constancia en actas sobre la celebración de los mismos. Para este caso solo se tramitaran oralmente los procesos a que se refiere el artículo 859, Capitulo I, Titulo XI, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil.

En los diferentes sistemas procesales se emplea una u otra forma, aunque modernamente existe una inclinación sobre el sistema oral para lograr con ello la celeridad procesal en aras de que la sentencia se produzca en breve tiempo.

3.    Principio de concentración y fraccionamiento

Se está en presencia del primero cuando los actos procesales inherentes a la sustanciación del proceso y el proferimiento de la sentencia se celebran en un lapso determinado y único, generalmente durante el periodo de ciertos días hábiles (de despacho) o un solo día. La importancia de este principio no solo radica en la celebración de los actos en un periodo breve (actos de sustanciación), sino también en relación con las sentencias interlocutorias y recursos concedidos a las partes en  las incidencias que surgen en el curso del proceso, en cuyos fallos interlocutorios, una vez agotada la apelación, no es procedente de inmediato el tramite casacional en los casos en que el fallo recurrido no causa gravamen irreparable o impida la continuación del juico, sino cuando se produzca la sentencia definitiva del mismo, todo en pro del principio de concentración procesal.

El principio de fraccionamiento impera cuando los actos procesales se celebran en etapas o fases durante un periodo determinado pero en forma discontinua, en las cuales la no realización de la respectiva actividad procesal o actos que deben realizar las partes dentro de esas etapas, produce la preclusión. En nuestro sistema los actos de sustanciación del proceso se celebran mediante fases o etapas que se cumplen en lapsos determinados, más o menos breves, en forma continuada, sin necesidad de notificación de las partes con la carga procesal de la preclusión.

4.    Principio dispositivo e inquisitorio

El primero consiste en atribuirle la iniciativa procesal a las partes, es decir, las partes tienen la obligación de instar el proceso y procedimiento con sus respectivas conductas en virtud del interés que tienen en la solución del conflicto, y el juez solamente actúa, salvo algunas excepciones, a instancia de los contendientes.

En cambio en el principio inquisitorio, el juez actúa motu proprio cuando en ciertos y determinados procesos la misma ley le impone el deber de anteponerse a la iniciativa de las partes, generalmente en aquellos casos en que está involucrado el orden público o en causas relacionadas con el estado y capacidad de las personas, como el matrimonio, patria potestad, tutela, interdicción, entre otros.

En relación con el principio dispositivo, sobre la limitación del juez en tomar la iniciativa para instar el proceso, no consiste en que dicho funcionario esté despojado del interés jurisdiccional para formarse convicción sobre el objeto del conflicto, sino que primordialmente esa iniciativa corresponde a las partes, pero en una etapa del proceso, el juez, para escudriñar la verdad en beneficio de su propia convicción, tiene la facultad de dictar autos para mejor proveer. Sobre las oportunidades y posibilidades de la actuación del órgano jurisdiccional en esta materia, la ley prohíbe al juez que inicie el proceso de oficio conforme al artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, salvo en los casos antes referidos (resguardo del orden público y buenas costumbres), pero una vez iniciado el proceso, el juez tiene el deber de instar el desarrollo del mismo como lo ordenan los artículos 14 y 17 del Código de Procedimiento Civil.

5.    Principio de inmediación y mediación

El primero consiste en que el juez de la causa, en la etapa correspondiente, evacua personal y directamente los medios probatorios de que se valen las partes en el proceso; dicho funcionario está en contacto directo con los contendientes, como en los casos de posiciones juradas e interrogatorio de los mismos (autos para mejor proveer), con los testigos, con las inspecciones, con los expertos, para formarse así un criterio personal y directo con todo lo que forma parte del debate judicial.

Mientras en caso contrario, impera el principio de mediación cuando el juez realiza la actividad de evacuación probatoria ya no en forma directa, sino lo que hace a través de jueces auxiliares, es decir, utiliza para ello la figura denominada comisión, valiéndose del auxilio  de otros jueces para que ante éstos se realice la evacuación de ciertas pruebas. El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 234, si bien faculta a los jueces del mérito para conferir comisión a los jueces inferiores para la práctica de diligencias de sustanciación o de ejecución del proceso, también impone la obligación a aquellos jueces para que evacuen directamente, y por ende se abstengan de librar comisiones en los casos en que se trate de evacuación de inspecciones judiciales, posiciones juradas, interrogatorio de menores y en casos de interdicción y inhabilitación; y el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil, también contempla la facultad de comisionar a jueces de igual categoría a la suya, cuando las diligencias deben practicarse en un lugar distinto a la de su competencia territorial y lugar distinto al de su sede. Claro está, cuando esas pruebas deben evacuarse, como antes se expuso, en lugar distinto y allende a su competencia territorial, deberán valerse de la comisión.

6.    Principio que las partes están a derecho

Este principio, imperante en nuestro país, consiste en que una vez iniciado el proceso, con la introducción de la demanda y la citación del demandado para que comparezca al tribunal a ejercer sus defensas, ambas partes a partir de esos momentos respectivamente, están a derecho, según lo dispone el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no se requiere, salvo que el proceso esté paralizado o en suspenso, ninguna otra citación o notificación para la celebración de los actos procesales.

7.    Principio de igualdad procesal

Tiene su fundamento en la norma constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, en disposición del artículo 21 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Esta igualdad refiérase al equilibrio que debe existir en el proceso respecto de los derechos y garantías constitucionales, sin distinto alguno por razones de raza, sexo, creencias y situación económica, y con respecto a esta última circunstancia, en el proceso son excepcionales los casos de igualdad económica entre los contendientes, pues sería utópico que la contienda se trabe siempre entre personas de un mismo status económico. Además, cuando una persona sea reputada pobre, con carencia de todo recurso para litigar, la misma ley ha previsto y creado a su favor, la institución del beneficio de la justicia gratuita (artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y artículo 178 Código Procedimiento Civil), para garantizarles sus derechos y mantener así un real e ideal equilibrio entre las partes. Respecto al principio de igualdad el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil establece diáfanamente que “los jueces garantizaran el derecho a la defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una…”.

8.    Principio de celeridad y economía procesal

Ambos principios se complementan, el primero, como su nombre lo expresa, consiste en que los actos de sustanciación procesal deben realizarse en el menor tiempo posible para que culminen en breve lapso en pro del desiderátum de la sentencia, para lograr una justicia breve y expedita y no en forma tardía. Que la providenciación de la demanda se haga efectivamente en el lapso previsto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil; que los recaudos de la citación se expidan oportunamente para el logro expedito del conocimiento del demandado y así éste comparezca oportuna y diligentemente al tribunal a ejercer sus defensas en forma concentrada y abreviada de conformidad con los artículos 346, 348, y 361 del Código de Procedimiento Civil, a diferencia de la forma fraccionada y dispendiosa como lo disponía el artículo 246 y siguientes del Código derogado (1916) que dilataba indefinidamente el curso del proceso.

Por ello, aspiramos que en futuras reformas se incorpore en nuestras leyes procesales, en forma expresa la figura del “despacho saneador”, con éxito en otros sistemas, para evitar dilaciones innecesarias.

El principio de economía procesal se aplica en la misma significación del vocablo común (latu sensu), es decir, una buena administración del tiempo y de los recursos materiales y humanos, con disminución de esos factores (dinero, tiempo y esfuerzo) en el proceso. Tener acceso a la justicia y tramitar el proceso en menor tiempo, con menor gasto y menor esfuerzo. Con las figuras procesales de la acumulación de autos (causas) y acumulación de pretensiones, se evita proliferación de juicios, y con la figura de la preclusión, se elimina la repetición de actos y reposiciones inútiles.

9.    Principio de publicidad

Consiste no sólo en que los actos que se realizan en el proceso se hagan en forma pública, para que sean presenciados por todas las personas, interesadas o no, sino que además cualquier persona, aún sin ser parte, puede enterarse de las actas de expediente, según lo expresa el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil. Excepcionalmente puede el juez, cuando esté interesado el orden público, por razones de decencia (casos de menores, de divorcio, entre otros.), celebrar actos atinentes a esos juicios a puertas cerradas. Igualmente las personas que no fueren partes, pueden solicitar la expedición de copias simples de actuaciones del expediente, salvo que por algún motivo legal se haya dispuesto su reserva (artículo 190 del Código de Procedimiento Civil) y copias certificadas cuando la causa haya concluido por sentencia firme (artículo 112 del Código de Procedimiento Civil), con las excepciones antes señaladas.

10.  Principio de omisión de formalidades no esenciales

Por mandato constitucional, a decir, artículo 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, se impone la obligación a los jueces para que no sacrifiquen la justicia por omisión de formalidades que no fueren esenciales en la celebración de los actos procesales.

11.  Principio de lealtad y probidad procesal

Por estimar que éste constituye un principio relevante para el desarrollo del proceso, pues condiciona el comportamiento del las partes, y aún del juez, para lograr en primer lugar, la depuración ética del mismo, y además prevenir y combatir enérgicamente el fraude procesal, hemos considerado tratarlo en forma amplia y por ende, en último lugar. Este principio consiste en recordarle, con apercibimiento, a las partes, su deber de actuar y observar, un comportamiento ético en el proceso. Es decir, ser leales primeramente con él órgano jurisdiccional, que representa al Estado, y con los auxiliares de justicia al exponer los hechos con apego a la verdad, sin esgrimir pretensiones o defensas manifiestamente infundadas, sin tácticas dilatorias; y ser leales frente al adversario para que en la solución del conflicto resplandezca el derecho y la justicia, según los establece el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Acción y sus teorías

La acción es el primer instituto que surge de la evolución histórica del derecho procesal, constituyendo parte de ese trinomio procesal con la jurisdicción y el proceso, y que están íntimamente ligados dentro del campo jurídico de esta ciencia.

El procesalista italiano Alessandro Pekelis afirma, que la acción en el lenguaje jurídico común tiene diversos significados, la usan como sinónimo de: petitum, como la res in iudicio deducta, como el hecho de proponer la demanda judicial, como el contenido de una defensa, como el éxito que se logra al proponer la demanda, como un derecho subjetivo sustancial, como un derecho subjetivo procesal, como un derecho contra el obligado.

Con el nacimiento del proceso civil romano la acción, era el derecho de pedir, de obrar, de solicitar, de ocupar, (periodo de la legis actionis). En la evolución del derecho romano es muy conocida la frase de Celso y Ulpiano cuando sentenciaron que “La acción es el derecho de pedir en juicio lo que se nos debe”, cuyo dogma, según lo anota el autor Amílcar Mercader, fue heredado posteriormente por los glosadores, postglosadores, pandectistas y canonistas.

Para Vescovi, la acción consiste en el poder (abstracto) de reclamar determinado derecho (concreto) ante la jurisdicción (el Poder Judicial o tribunales), y ese poder determina la obligación del órgano jurisdiccional de atenderlo, de darle movimiento, de poner en marcha el proceso, por lo que en definitiva quien ejerce el poder tendrá respuesta: la sentencia

Para el jurista romanista alemán Federico Carlos de Savigny la acción es un derecho violado, y de donde posteriormente con el nacimiento de estudios científicos del derecho procesal, a partir de las obras de Windscheid y Muther (1859-1857), el concepto de acción adquiere relevancia jurídica creando diversas concepciones en cuanto a la opinión de un matiz diferente por parte de los autores clásicos italianos como Chiovenda, Carnelutti, Calamandrei, entre otros.

Con posterioridad, las escuelas científica alemana y sistemática italiana, consideraron la acción como un derecho autónomo, independiente al derecho sustancial objetivo, es decir, la acción, nace, existe sin que haya violación de un derecho material.

A todas estas concepciones de las escuelas alemanas e italianas, nace la interrogante ¿Qué es la acción?,  interrogante que ayuda a la óptica de diversos procesalista construir teorías que ubican su posición antagónica que los autores Víctor Fairén Guillén y Hernando Devis Echandía, relacionan así:

a)    Teoría seguida por Degenkolb, Alfreso Rocco, Zanzucchi, Bülow

La acción es un derecho subjetivo abstracto dirigido a la obtención de tutela jurídica. La acción no se dirige hacia el juez, sino hacia el Estado, siendo éste el sujeto pasivo, por conducto del juez, existiendo una separación entre la acción y el litigio.

b)    Teoría de Bernardo Windscheid

Lo que nace de la violación de un derecho, no es un derecho de accionar sino una pretensión contra el autor de la violación. La acción sería entonces la pretensión jurídica deducida en juicio.

c)    Teoría seguida por Muther, Wach, Stein, Kisch y Goldschmidt

La acción es un derecho público subjetivo, de carácter concreto, dirigido a la obtención de una resolución favorable; es un derecho independiente, autónomo y anterior al proceso.

d)    Teoría seguida por Chiovenda y Calamandrei

La acción es un derecho autónomo, concreto, potestativo bien dirigido contra el obligado, bien frente al Estado; “es el poder jurídico de dar vida a la condición para actuación de la ley”

e)    Teoría de Carnelutti

La acción es un derecho subjetivo procesal, abstracto y público para el cumplimiento del proceso, autónomo y anterior a éste. El interés que la acción protege es que se configure una justa composición de la Litis; el sujeto pasivo de la misma es el Estado.

Además de la exposición de Víctor Fairén Guillén y Hernando Devis Echandía, la doctrina clásica nos ha demostrado su opinión en cuanto a las teorías de la acción, de esta manera:

a)    Teoría Clásica o Monista

Esta constituye la primera tendencia relacionada con la teoría sobre la acción, la cual la identifica con el derecho sustancial mismo, siendo ésta la teoría unitaria de la acción y el derecho. Según esta tendencia, la acción constituye solo un elemento del derecho sustancial, relacionándose la idea de la acción con la de lesión de un derecho sustancial, concibiéndosele, como expresa Echandía, como un poder inherente al derecho subjetivo de reaccionar contra la lesión. Entre los seguidores de esta doctrina encontramos a Oémolombe (1806), para quien la acción no es ya lo primero y el derecho subjetivo lo segundo, por el contrario, estos factores se invierten, pasando a convertirse el derecho subjetivo en la entidad importante, donde no hay acción sin derecho.

Otros seguidores de esta corriente, fueron Garconnet y Savigny, este último, quien incluyó un nuevo concepto de la acción, consistente en que la violación del derecho sustancial daba origen a otro derecho que tenía por contenido una obligación del violador de cesar la violación, dependiendo el derecho de acción, de la existencia del derecho sustancial y de su violación. Esta novedosa concepción sigue permaneciendo en la teoría monista, puesto que el derecho como acción no fue dotado de autonomía, por el contrario, el derecho de acción para Savigny, derivaba de la violación de otro derecho.

b)    Teoría de la acción autónoma o autonomía de la acción

 En un avance notable, y tras las críticas que se formularon a la doctrina clásica o monista, dentro de las cuales se destacó fundamentalmente que la actuación de la jurisdicción podía surtirse en su totalidad por la realización del proceso, y a pesar de ello, no ser reconocido el derecho reclamado por el accionante, como resultado de la sentencia adversa, se comienza a desligar conceptualmente la acción del derecho sustancial, y al efecto, se trazan dos corrientes, la primera que trata la acción como un derecho autónomo concreto, y la segunda, que la concibe como un derecho autónomo abstracto.

Para el estudio de la teoría de la acción como un derecho autónomo concreto, previamente debemos referimos a la polémica desatada entre Bemhard Windscheid y Theodor Müther, donde tiene su origen las teorías autónomas del derecho de acción. En este sentido, el profesor Alemán Windscheid, influenciado por sus estudios romanísticos y civilísticos, en el año de 1856 publica su obra in titulada "La "actio" del derecho civil romano desde el punto de vista del derecho actual", donde expresó que mientras en Roma la acción era el derecho, en Alemania, para la época, el derecho era primero que la acción, pero además, esa actio romana era el anspruch o pretensión material, concebida como el reclamo de la prestación debida cuando ha de trasladarse al proceso.

 Windscheid, sostuvo que toda violación o desconocimiento de un derecho sustancial, producía una pretensión a favor del lesionado y en contra del violador, para obtener de esta manera, el resarcimiento del daño o la satisfacción de la obligación, pretensión que podía obtenerse en forma espontánea, cuando quien había dado lugar a ella reparaba el daño o pagaba lo debido; o en caso contrario, a través de la actuación de la jurisdicción, por lo que la pretensión material, se convertía en acción. De esta manera, Windscheid descubre el derecho de pretensión material, la cual confundió con la acción, ya que la reclamación de la prestación debida, era el equivalente a la actio romana.

Tras la teoría expuesta por Windscheid, en el año de 1857 el también profesor Alemán de la Universidad de Kónisberg, Theodor Müther, quien era reconocido como un científico de la ciencia procesal, publica su obra in titulada "La teoría de la acción romana y el derecho moderno de obrar", la cual pretendía rebatir la teoría que había expuesto Windscheid. El trabajo de Müther, desliga en forma definitiva la acción del derecho civil, pasando a formar parte del derecho procesal, concebido como un derecho público subjetivo, mediante el cual se obtiene una tutela jurídica (rechtsschutzanspruch), que se dirige, de una parte, contra el Estado, quien es el obligado, para lograr una sentencia favorable, y de otra, contra el demandado, a fin de obtener el cumplimiento de una prestación insatisfecha, por lo que la actio romana no era algo equiparable a la Anspruch, era el derecho de obtener la fórmula de manos del pretor o magistrado.

 La teoría desarrollada por Müther expresa, que la acción no es un anexo del derecho originario ni un agregado a su contenido, sino que por el contrario, es un derecho singular que existe junto al otro como protección, por lo que, con la violación del derecho originario, se tienen dos derechos de naturaleza pública, como lo son: 1) El derecho del lesionado hacia el Estado para la obtención de la tutela estatal; 2) El derecho del Estado contra el autor de la lesión, para obtener la reparación de la violación.

En este sentido, para Müther la Actio era la pretensión del titular del derecho dirigida al pretor para la expedición de la fórmula, con el fin de obtener la composición del derecho sustancial violado, por lo que, el presupuesto del derecho a la tutela estatal, era otro derecho y la lesión del mismo

c)    Teoría Concreta de la Acción

Esta teoría fue expuesta por el profesor Alemán Adolf Wach, en sus obras "Manual de Derecho Procesal Civil" (1885) y "La Acción de Declaración" (1888), y seguida por Kisch. Wach, quien tomó los fundamentos de Müther, consideró la acción como un derecho autónomo contra el Estado, puesto que se reclamaba la actuación jurisdiccional para obtener la tutela del derecho invocado; y frente al demandado, dado que se perseguía una decisión favorable a las pretensiones deducidas.

En este sentido, para Wach la acción se presenta como un derecho subjetivo por sí mismo, que tiene como sujeto activo al demandante, y al demandado como sujeto pasivo, constituyendo una relación jurídica distinta de la privada, encuadrándose en el campo del derecho público. En esta teoría, como se expresó, la acción es un derecho autónomo y diverso del derecho sustancial; subjetivo, dado que uno de sus sujetos pasivos es el Estado; concreto, pues se encuentre referido con un vínculo definitivo conceptual al derecho sustancial, dirigido contra el demandado, y además porque no corresponde a cualquier persona, sino al titular del derecho sustancial controvertido, siendo el Estado el destinatario de la acción, ya que de él deriva la tutela pretendida.

d)    Teoría Intermedia de la Acción

Esta teoría es sostenida por áscar Von Bülow, quien en su obra in titulada "La Teoría de las Excepciones Procesales y los Presupuestos Procesales", publicada en el año de 1.868, concibe la acción como un derecho a obtener una sentencia justa, convirtiéndose de esta manera en una teoría intermedia, donde se considera a la acción como un derecho concreto a la obtención de una sentencia favorable, y abstracto, que solo ve en ella una simple facultad jurídica. La tesis sostenida por Von Bülow, junto con los trabajos de Dágenkolb (1877), Plosz (1.880), se considera como los antecedentes o precursores de la teoría abstracta de la acción, la cual realmente puede apreciarse del último trabajo de Windscheid, para quien la acción es algo más que el derecho que triunfa, es un derecho abstracto de obrar, desvinculado de todo fundamento positivo que legitimen las pretensiones de quienes lo ejercen.

e)    Teoría Abstracta de la Acción

En esta teoría supera la escuela que pregona la tesis de la acción como derecho concreto, y concibe la acción como un derecho totalmente autónoma e independiente del derecho sustancial, tiene como finalidad, la obtención de una sentencia, sea esta o no favorable al demandante, por lo que existe un distanciamiento del resultado del proceso, estructurándose como un derecho abstracto, genérico, universal, siempre el mismo, cualquier que sea la relación sustancial que origina el proceso.

De esta manera, bajo esta nueva concepción, se dota de autonomía propia a la institución de la pretensión procesal, la cual es concebida como aquel derecho concreto que se dirige contra el demandado, el cual variará, según el derecho sustancial debatido.

Características de la acción

Las características de la acción, las podemos enunciar así:

a)    La acción es un derecho subjetivo que genera obligación

El derecho potestad se concreta a solicitar del Estado la prestación de la actividad jurisdiccional, y ésta se encuentra obligada a brindar la misma mediante el proceso.

b)    La acción es de carácter público

Es público en el sentido que su finalidad es la satisfacción del interés general sobre el particular, mediante la composición de los pleitos y el mantenimiento del orden y paz social, evitando la justicia por la propia mano del hombre.

c)    La acción es autónoma

La acción va dirigida a que nazca o se inicie el proceso, no habrá este último sin el ejercicio del primero, y se diferencia con el concepto de pretensión que se verá más adelante.

d)    La acción tiene por objeto que se realice el proceso

La acción busca que el Estado brinde su jurisdicción mediante un proceso, y como se dijo, no habrá tal proceso sin una previa acción ejercida por el ciudadano que busque la tutela que brinda el Estado.

La acción a diferencia de la pretensión, busca que se emita algún pronunciamiento, que se dicte sentencia, bien sea favorable o desfavorable.

e)    La acción es un derecho de toda persona, bien sea natural o jurídica.

Jurisdicción

La jurisdicción junto con la acción forma parte de esa “trilogía estructural del derecho procesal. Ella tiene  su génesis a raíz de la creación del Estado, desde que el hombre depuso la actitud de hacerse justicia por su propia mano.

Modernamente se entiende como la potestad que tiene el Estado en su conjunto para solucionar conflictos particulares a través de la imposición de la Ley y el Derecho. Por lo tanto esa potestad está encargada a un órgano estatal, el Poder Judicial y, al encomendar al Poder Judicial esa actividad privativa del Estado emerge la Potestad Jurisdiccional y esta, no es más que la cesión al Poder Judicial, a través de la ley de organización judicial, del deber de realizar esa actividad jurisdiccional. Es decir, de imponer la norma jurídica para resolver un conflicto particular cuyo objetivo final es lograr la convivencia jurídica o restaurar el orden quebrantado.

Si analizamos entenderemos la jurisdicción como la función que tienen los tribunales de justicia de conocer, sentenciar y ejecutar lo sentenciado en los conflictos que sean sometidos a su decisión. Es la potestad de la soberanía del Estado, ejercida por tribunales independientes y predeterminados por la ley, para la solución de conflictos, ejecutando lo juzgado para satisfacer pretensiones y que nos proporciona ciertos tipos de garantías, con el fin de mantener el respeto a la ley, y en caso de violación de la misma, reparar el gravamen inferido.

El Estado, dentro de la organización social, asume su rol y uno de ellos es el de servir como árbitro para el logro de la paz y la convivencia pacífica, y en ello radica principalmente la función jurisdiccional: dirimir conflictos inter-partes.

Concepto y teorías

La jurisdicción, del latín iuris, decir o declarar el derecho, es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes.    Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada.    En sentido coloquial, la palabra "jurisdicción" es utilizada para designar el territorio (estado, provincia, municipio, región, país, etc.) sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran dentro de su competencia; y, en general, para designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía.

Al hablar de la jurisdicción debemos visualizar los diferentes procesalistas que a lo largo de la historia han conceptualizado este instituto, otorgándole diversas teorías que expresaremos a continuación:

1.    Giuseppe Chiovenda

La jurisdicción es “la función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la substitución de la actividad individual por la de los órganos públicos, sea para afirmar la existencia de una actividad legal, sea para ejecutarla ulteriormente”

2.    Eduardo Couture.

La jurisdicción es “la función pública realizada por órgano competente del Estado, con las formas requeridas por ley, en virtud del cual. Por acto de juicio y la participación de sujetos procesales, se determina el derecho de partes, con el objeto de dirimir sus conflictos de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”

3.    Piero Calamandrei

            Del concepto de jurisdicción no se puede dar definición absoluta, válida para todos los tiempos y para todos los pueblos. No sólo las formas externas, a través de las cuales se desarrolla la administración de justicia, sino también los métodos lógicos de juzgar, tienen un valor contingente, que no puede ser determinado sino en relación a un cierto momento histórico.

4.    Mortara

La jurisdicción “es la resolución de un conflicto entre la voluntad subjetiva y las normas objetivas”

5.    Francesco Carnelutti

La jurisdicción “es la justa composición de la litis”

6.    Jaime Guasp

Considera a la jurisdicción como “la función específica estatal que tiene de la satisfacción de pretensiones”

Momentos de la jurisdicción

Estos momentos representan el desenvolvimiento del ejercicio de la función jurisdiccional en el proceso (o sea, conocer, juzgar y hacer cumplir lo resuelto).

a)    Fase del conocimiento

En esta etapa el tribunal recibe los antecedentes que le permiten posteriormente resolver el litigio. Encontramos, a su vez, dos sub-etapas: de discusión y de prueba. Discusión: Las partes alegan sus pretensiones y hace valer sus defensas. Prueba: Las partes ofrecen al tribunal y rinden todas las probanzas necesarias para apoyar sus pretensiones y convencer al tribunal que lo que ellos plantean es verdad.

Ningún tribunal puede juzgar sin conocer el asunto sometido a su decisión. Es decir, sin escuchar a las partes o recibir las evidencias o pruebas.

b)    Fase de la decisión

En virtud de ésta, el tribunal declara el derecho frente al caso concreto, propuesto por las partes, lo que hace a través del acto procesal llamado, generalmente, sentencia judicial. Esta etapa de juzgamiento supone siempre la existencia del periodo anterior.

Es considerado el momento de la jurisdicción más importante, pues pone término al conflicto mediante el pronunciamiento de la sentencia.

Aquí encontramos dos tipos de jurisdicción; la jurisdicción legal y la jurisdicción de equidad. La primera significa que el juez debe resolver de acuerdo a la legislación vigente .En cambio, en la última el juez extrae de su experiencia lo que debe resolver, acudiendo para eso a los principios generales del derecho y a la equidad natural. No está demás señalar que nuestro sistema acoge a la jurisdicción legal.

c)    Fase de la ejecución

La mayoría de los autores están de acuerdo que el poder de coerción es inherente a la jurisdicción, es decir, que es de la esencia que el tribunal de justicia tiene la facultad de hacer cumplir lo resuelto (ejecución o cumplimiento del fallo).

Algunos autores niegan la actividad jurisdiccional en esta última etapa, especialmente en relación al Derecho procesal penal, sosteniendo que está a cargo de una autoridad administrativa. Se argumenta en contra que, aun cuando en ciertos casos la sentencia se cumple administrativamente, la regla general es que se hagan cumplir por la vía jurisdiccional.

Las resoluciones judiciales, en la generalidad de los casos, se cumplen a través de lo que la doctrina denomina auxilios jurisdiccionales.